Por: Tobías Ochoa
De un día para el otro, la embotelladora de agua y soda, “Sodería Kelvy” de B° Poeta Lugones cerró sus puertas sin dar aviso ni explicaciones a sus empleados. La fábrica cesanteó a unos 10 trabajadores, dejando a estos mismos en una situación de incertidumbre laboral extrema.
Desde el jueves 29 de abril, los trabajadores, acompañados por la comisión directiva y el cuerpo de delegados del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas (Sutiaga), realizan un acampe en la puerta de la empresa en busca de una solución rápida a esta situación.
El principio… ¿del fin?
El conflicto comenzó hace 6 meses, cuando delegados gremiales lograron constatar la existencia de irregularidades en pagos y adicionales por convenio, retención indebida de aportes y la negativa frente al pedido de afiliación sindical durante muchos años.
La manifestación frente a la empresa comenzó de forma pacífica y solamente en el horario laboral, la cual duró poco tiempo, ya que al no obtener iniciativa de diálogo por parte de la embotelladora las medidas de fuerza se extendieron a las 24 horas del día.
“Quieren estafar a los trabajadores”
“Después de un largo tiempo reclamando por haberes caídos y falta de pago en los ítems del convenio, nunca aceptaron dialogar y optaron por la solución más fácil que era cerrar sus puertas”, declaró Mauricio Rodríguez, secretario de actas del SUTIAGA.
Transcurridos 28 días del mes de mayo, un representante legal de Kelvy se presentó en dos audiencias fijadas por el Ministerio de Trabajo, argumentando en la misma que “no tiene respuestas ya que la empresa está cerrada” y culpando a los mismos empleados, acompañados del sindicato, por “bloquear las puertas y no facilitar el diálogo”.
Desde la organización gremial afirmaron que en 65 años solamente tuvieron dos reclamos hacia la embotelladora, por una categoría y el ya mencionado conflicto reciente, tomando esto como “un bloqueo patronal”.
Darío Maldonado, secretario adjunto del SUTIAGA, explicó: “No pagaban los aportes ni obra social, los trabajadores no tenían ART en caso de un siniestro durante el horario laboral, entre otras cuestiones que afectan al día a día de un empleado en este rubro. A la gravedad de esta situación debemos sumarle también la falta de pago por los meses de marzo y abril”.
La conclusión que sacan los trabajadores y los responsables de la organización gremial que los representa, es que “la voluntad de los propietarios de la firma es estafar a los trabajadores”. A su vez, el sindicato organizó durante el mes ollas populares y colectas de dinero destinadas a los damnificados, debido a que debían ponerse al día con sus deudas y demás gastos.
Un total de 7 familias se vio afectada en este cierre inoportuno y algunos de sus empleados tienen más de 30 años de antigüedad. Estos mismos afirman que “el volumen de ventas a lo largo del año nunca bajó debido a la pandemia” y “la cartera de clientes siempre se mantuvo constante”.-
