Columna de opinión por: Florencia Aquino *
Lejos de querer instaurarse como una discusión sin fin, que separa personas por ideologías o morales hasta la violencia, la discusión sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no fue planteada en los términos que muchos profesionales de la salud hubiésemos querido. En el histórico debate realizado en las Cámaras de Senadores y Diputados en 2018, diferentes argumentos se manifestaron: datos estadísticos sobre las muertes, posiciones filosóficas, legales, morales, económicas, políticas, anecdóticas, religiosas, entre todas las que podemos seguir enumerando.
En el colectivo social se planteó como dilema “aborto si – aborto no”, desviando el eje de la discusión, dado que el aborto existió, existe y existirá, e intentando generar un reduccionismo de un tema mucho más complejo.
La Organización Mundial de la Salud considera como un derecho universal el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente para todas las personas. Es en éste punto donde hacemos hincapié algunos y algunas profesionales, ya que aún no hay consenso tampoco en el campo de la salud. Ésta práctica existe y es realizada diariamente, a veces en condiciones dentro de la ley, cabe recordar que el Código Penal establece al aborto legal por causales como: peligro para la vida y la salud, y también en casos de violación, aunque no siempre se cumple éste último, es de público conocimiento que niñas siguen convirtiéndose en madres.
Por otro lado, a veces el aborto se consuma pero de modo clandestino, y al igual que todas las prácticas clandestinas, la inseguridad abunda y los derechos dejan de garantizarse.
Es por eso que el dilema no es binómico: aborto si – aborto no, no son las prácticas las que entran en discusión, sino el derecho a la salud en todas las personas.
*Licenciada y profesora en Psicología (MP 10349) – Docente de la Facultad de Psicología (U.N.C.)
