La revolución travesti trans: el Gobierno estableció un cupo laboral por medio de un decreto

La medida fue anunciada el viernes pasado en el Boletín Oficial.

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Si bien hay muchos proyectos en el Congreso pensados para esta comunidad, este 4 de septiembre pasado se publicó en el boletín oficial el decreto presidencial 721/20 de Alberto Fernández que posibilita el acceso de la población trans al trabajo en el sector público nacional. El mismo será con un porcentaje de al menos el 1 % de la planta del personal.

Cabe aclarar que al referirse a este porcentaje de “al menos el 1%”, el decreto no establece un techo sino un piso para incluir laboralmente a más personas trans. Esto significa que el cupo debe ser “en una proporción no inferior al 1% de la totalidad”. La única condición es que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo.

Otro de los puntos importantes de la medida del presidente, es que “se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente” por la comunidad LGBT, y en caso de ser desocupada la vacante, deberá ser guardada hasta que ingrese una nueva persona travesti, transexual y transgénero al cargo.

Además, la población trans podrá acceder al derecho de “protección contra el desempleo”, para erradicar la discriminación laboral. El documento también expresó que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo” para el ingreso y permanencia en el empleo, por lo que la comunidad podrá trabajar siempre y cuando cursen los niveles  educativos faltantes.

Otro de los beneficios que brindó el Gobierno Nacional al garantizar este nuevo derecho, es la creación de un “Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Transexuales y/o Transgénero Aspirantes a Ingresar a Trabajar en el Sector Público Nacional”, que actuará como una especie de bolsa de trabajo, donde se encuentren todos los perfiles laborales.

Por último, se ordenó que sea formada una “Unidad de Coordinación Interministerial”. La misma estará compuesta por representantes de diferentes áreas, encargados de hacer un diagnóstico inicial de la situación laboral de las personas trans en el ámbito estatal y deberá elaborar un plan para la implementación de estas nuevas reglas.