Desde agosto de 2025, una nueva comisión vecinal tomó las riendas del Centro Vecinal Hogar Clase Media – Marqués de Sobremonte con una meta clara: poner en agenda una problemática que lleva años sin resolverse y que atraviesa la vida cotidiana de cientos de familias.
El barrio, ubicado entre las calles Suárez de Figueroa hasta Ávila y Quirós, y desde Miguel de Mojica hasta Circunvalación, está compuesto por 43 torres de 16 departamentos cada una y 173 viviendas individuales. A simple vista, se trata de un complejo habitacional consolidado, pero puertas adentro la realidad es otra.
La historia del sector se remonta al Plan Federal de Viviendas, luego continuado por la Provincia durante la gestión de José Manuel De la Sota. Las unidades se entregaron por etapas: en 2014 el Sector 2, en 2016 el Sector 4 y finalmente en 2018 el Sector 3, completando así el desarrollo del barrio.
Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que debía ser una solución habitacional terminó convirtiéndose en una fuente de incertidumbre. Años después de la entrega, los vecinos siguen sin contar con documentación clave como el final de obra, la subdivisión, los planos aprobados o la habilitación de bomberos.
Al día de hoy, los vecinos siguen sin contar con documentación clave como la escritura, el final de obra, la subdivisión, los planos aprobados o la habilitación de bomberos.
Pero el punto más crítico es otro: la falta de escrituras. A pesar de que muchas familias ya cancelaron la totalidad de sus viviendas, aún no pueden acceder al título de propiedad, lo que limita derechos básicos y genera una profunda preocupación.
Un barrio sin papeles ni respuestas
Ante este escenario, los vecinos aseguran haber agotado todas las instancias de diálogo posibles. Presentaciones formales, notas reiteradas y gestiones ante la Secretaría de Vivienda forman parte de un largo historial de pedidos sin respuestas concretas.
La última comunicación fue enviada en febrero de 2026, donde solicitaron la conformación de una mesa de trabajo con todos los actores involucrados. Al cierre de esta edición (fines de Marzo de 2026), no obtuvieron contestación.
A la problemática legal se suma otra igual de urgente: el deterioro edilicio. Sin la posibilidad de conformar consorcios formales, la organización interna depende de administradores informales que intentan sostener el funcionamiento diario.
En ese contexto, el cobro de expensas se vuelve irregular y voluntario, lo que dificulta cubrir gastos básicos de mantenimiento.
Tareas esenciales como la impermeabilización de terrazas, limpieza de tanques, reparación de grietas o renovación de fachadas quedan, en muchos casos, postergadas.
“Hay edificios que no logran reunir lo mínimo para sostenerse”, señalan desde la comisión, reflejando una situación que se agrava con el paso del tiempo y la falta de intervención estatal.
Además, desde la comisión remarcan que la imposibilidad de regularizar la situación dominial impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos. Sin documentación formal ni estructuras legales claras, se vuelve inviable planificar mejoras a largo plazo o acceder a servicios y beneficios que requieren titularidad plena de las propiedades.
En ese marco, insisten en la necesidad urgente de una respuesta integral por parte del Estado, que no solo contemple la entrega de escrituras, sino también la normalización administrativa del barrio. “Se trata de cerrar un proceso que empezó hace más de una década y que hoy sigue inconcluso”, sostienen, convencidos de que la solución requiere decisión política y un trabajo articulado entre todos los sectores involucrados.
Frente a este panorama, los vecinos decidieron dar un paso más: recurrir a los medios de comunicación para visibilizar el conflicto y presionar por una solución concreta.
El deterioro edilicio se agrava por la imposibilidad de conformar consorcios formales, lo que obliga a depender de administradores informales y expensas irregulares. Esto dificulta cubrir gastos básicos y posterga tareas esenciales de mantenimiento, dejando a muchos edificios sin recursos mínimos para sostenerse.
“No se trata solo de respuestas, necesitamos soluciones urgentes”, remarcan, dejando en claro el nivel de hartazgo que atraviesa a la comunidad.
Incluso, no descartan avanzar por la vía judicial si no obtienen avances en el corto plazo. Consideran que el acceso a la escritura es un derecho innegable, especialmente para quienes ya terminaron de pagar sus viviendas.
Mientras tanto, la vida en el barrio continúa entre reclamos, gestiones y la esperanza de que, finalmente, la regularización llegue y convierta en certeza lo que hoy sigue siendo una deuda pendiente.
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