Por Casandra Quevedo
Luego de los hechos ocurridos durante mayo del 2015, donde muchos jóvenes cordobeses de la zona sur se vieron afectados por razzias policiales, dos organizaciones presentaron una demanda por daños y perjuicios y daño moral colectivo en contra del Gobierno de la Provincia.
Se trata de la Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba (Clip) y por La Poderosa, que denunciaron que más de 500 personas estuvieron detenidas durante 12 horas sin orden de autoridad competente. Las ONG tuvieron como objetivo lograr medidas reparadoras como el pago a cada uno de los afectados, certificado de antecedentes libre de menciones a aquellas infracciones y disculpas públicas por parte del Gobierno.
El primer paso hacia la justicia
En julio de 2017, en un falló inédito, el juez de Control N° 7, Esteban Díaz, declaró “arbitrarios” los operativos de saturación ejecutados por la Policía provincial. Cabe recordar, que aún regía el polémico y ya derogado Código de Faltas. En ese momento, la mayoría de esos chicos habían sido acusados de contravenciones menores, como el “merodeo”.
La segunda novedad del caso
La segunda novedad se produjo hace un mes: el 4 de marzo de 2022 el juez Miguel Martínez Conti resolvió su decisión de dar trámite colectivo a la causa “Asociación Civil Clínica de Interés Público Córdoba, y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba Acción Colectiva Ordinario, Expte. N° 8306994”.
De esta manera, ordenó que debe notificarse en diferentes medios de prensa cordobeses la posibilidad de que los integrantes del colectivo puedan demandar su situación en forma individual si así lo desean, o de solicitar su exclusión de la clase o colectivo. A tal efectos podrán comunicarse con la Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba (CLIP) al correo clinicajuridicacba@gmail.com, o directamente ante el Juzgado cito en calle Caseros Nro. 551 -Segundo Piso-. Número de teléfono 0351-4481000. Interno Nro. 11003.
Por su parte, Mariela Puga (investigadora del Conicet y miembro de la Clip), expresó que las dos ONG están pidiendo ayuda a los medios para que la resolución del juez que ordena la publicidad del caso sea conocida, para poder llegar a la mayor cantidad de jóvenes que fueron afectados en aquél entonces y que puedan solicitar su indemnización.
